Señor juez, necesito intérprete… y vivo en México.

August 29, 2013 § Leave a comment

Queridos colegas,

La interpretación judicial ha existido en los Estados Unidos por varias décadas. No es un sistema perfecto, pero mejorando cada día, ha permitido que aquellos que no hablan el idioma del país, en este caso el inglés, puedan hacer valer sus garantías individuales consagradas en la constitución norteamericana: “En todo proceso penal, el imputado tendrá derecho a… ser informado…de los cargos que se le imputan… a confrontar a los testigos de cargo… y a ser asistido en su defensa por un abogado.” (Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU. 1971) Estos derechos se extendieron a las otras ramas del Derecho en la Ley de Derechos Civiles de 1964 (Artículo 2000 fracción “d” del Libro VI y Capítulo VI de la Constitución Federal) y en lo que compete a quienes no hablan inglés, los mismos fueron implementados mediante la creación de la figura del intérprete judicial en la Ley de Intérpretes Judiciales (Art. 1827 Título 28 del Código Federal de los Estados Unidos) En los últimos años, con la formación de la Unión Europea, la “globalización” y la transición de varios países latinoamericanos al sistema de juicios orales, la posibilidad de que dos personas se encuentren ante la justicia exigiendo que se respeten sus derechos se ha incrementado de manera inimaginable.  Entre los países que decidieron cambiar al sistema de juicios orales se encuentra México; una nación que hasta ese momento histórico había seguido la tradición del Derecho Romano y el Derecho Franco-Español consistente en procedimientos judiciales fundamentalmente seguidos por escrito.

México es un país enorme con gran diversidad de lenguas autóctonas, una población inmigrante de importancia, y millones de extranjeros que convergen en ese país todos los años por motivos de negocios, culturales y de esparcimiento. Además, es vecino de los Estados Unidos con quien comparte la frontera por tierra más grande del mundo y sostiene una relación comercial bilateral multimillonaria.

Cuando México decide adoptar el sistema de juicios orales, también decide, por mandato jurídico constitucional para con su población indígena (Art. 2 Apartado A Fracción VII de la Constitución Política de los EUM) y la Declaración de Derechos Humanos para todo aquel que no hable el español (4ª. Garantía) eliminar la barrera del idioma en todo proceso jurídico oral proporcionando un intérprete judicial.  Esta serie de decisiones coloca a México en una situación única en la que jueces, abogados, intérpretes y todos quienes participan en la impartición de justicia, se ven en la necesidad de aprender al mismo tiempo un nuevo sistema.

México siempre ha contado con intérpretes de primer nivel lo que permite que la demanda de servicios de interpretación en el sistema judicial (al menos en lenguas europeas y asiáticas) se satisfaga con elementos de primera; sin embargo, la mayoría de este talento lingüístico nunca ha interpretado en un proceso judicial.  Como muchos de ustedes saben, las diferencias entre la interpretación de conferencia y la interpretación judicial son substanciales más no insuperables.  El aprendizaje de nueva terminología, un protocolo distinto, y técnicas de interpretación diferentes como la traducción a la vista sin haber inspeccionado el documento con antelación, la interpretación consecutiva corta, y la interpretación simultánea completa (con exclamaciones, equivocaciones y trastabilleos del orador) hacen de esta nueva realidad mexicana un verdadero reto bienvenido por aquellos intérpretes mexicanos ya famosos internacionalmente.  Asimismo, la posibilidad de trabajar en otras situaciones atractivas intelectualmente y económicamente, constituyen un buen augurio para el éxito de este gremio ante un nuevo desafío profesional.  Los Intérpretes mexicanos que además de trabajar en el sistema judicial de su país deseen trabajar con abogados norteamericanos que acuden a México para declaraciones bajo protesta en casos civiles, entrevistas de testigos y víctimas, o para iniciar la defensa de imputados en el sistema estadounidense colaborando con abogados mexicanos desde el inicio de un proceso de extradición, podrán obtener la certificación federal norteamericana para poder fungir como intérpretes en actuaciones jurídicas celebradas en México, con la certeza que su interpretación podrá utilizarse en los juzgados norteamericanos por ser intérpretes certificados en la Unión Americana. De la misma manera, una vez que cuenten con esta certificación judicial o la certificación de la ATA, traductores y transcripcionistas mexicanos podrán trabajar desde México y simplemente autenticar el producto de su trabajo mediante comparecencia ante la autoridad judicial norteamericana. Actualmente los despachos jurídicos estadounidenses gastan una fortuna llevando intérpretes certificados desde los Estados Unidos para practicar estas diligencias.  Una vez que los intérpretes mexicanos se certifiquen, inmediatamente se constituirán en un mercado lingüístico muy atractivo para los bufetes de los Estados Unidos, además de que contarán con una ventaja sobre aquellos intérpretes que sin ser mexicanos actualmente viajan a México con los abogados: Los intérpretes judiciales mexicanos podrán trabajar legalmente en México sin violar las leyes de migración.

Es importante resaltar que la certificación federal norteamericana no es fácil de obtener, pero con su preparación profesional y académica, muchos intérpretes de México lo lograrán. Es por todas estas razones que el 7 de septiembre impartiré nuevamente un taller en la Ciudad de México. Durante esta sesión de un día completo abordaremos tanto la terminología y el procedimiento, como el protocolo y actual desempeño del intérprete judicial.  Mi experiencia y formación académica me permiten presentar los dos sistemas judiciales y de interpretación de una manera única. Trabajaremos con materiales especialmente preparados para el sistema de juicios orales en México, mostraremos videos de actuaciones judiciales en los nuevos juzgados mexicanos,  y demostraremos aspectos prácticos desde preparación y protocolo en caso de juicio, hasta dónde debe posicionarse el intérprete durante una audiencia oral.   Les pido a quienes deseen saber más detalles sobre el taller que se comuniquen con los organizadores al siguiente correo electrónico: georganne.weller277@gmail.com  Asimismo invito a aquellos colegas de países donde se ha implementado el sistema de juicios orales, que actualmente viven en los Estados Unidos y cuentan con la certificación judicial federal, a que se preparen en el nuevo sistema de juicios orales, aprovechen la experiencia que ya tienen, y haciendo valer su derecho a trabajar legalmente en sus países de origen incursionen en este campo y contribuyan al desarrollo de la profesión en sus naciones.

Queridos colegas mexicanos, les invito a participar en este taller, y a ustedes y a todos los demás colegas que se vean en esta situación, a mi parecer ventajosa, les pido que nos compartan sus opiniones sobre esta nueva opción profesional.

Tal vez el futuro de la interpretación no está en el poder judicial.

January 14, 2013 § 1 Comment

Queridos colegas,

Muchos eventos que se han dado en la interpretación judicial en los últimos tiempos me han hecho ver que el futuro de la profesión tal vez no incluya la interpretación judicial.  Nótese que no estoy diciendo interpretación jurídica, solo judicial.

Como muchos saben, durante los últimos años, y por múltiples razones, los poderes judiciales en general se han enfocado en la eliminación de tantas horas-intérprete como sea posible. Para ello, se han incorporado a la interpretación judicial muchas opciones que antes no existían; contratos de la autoridad judicial con una agencia de traducción e interpretación para obtener intérpretes más baratos es una de las más evidentes, ya sea a nivel municipal, estatal y hasta a nivel federal con los juzgados de migración en los Estados Unidos y el famoso caso de ALS en el Reino Unido.  También los avances tecnológicos han permitido la incorporación y casi-perfeccionamiento de la interpretación por video que actualmente se practica en casi todos los estados de los Estados Unidos, incluyendo los juzgados federales y administrativos.  La tendencia de los poderes judiciales estatales y federal es la de contratar más intérpretes de planta, de preferencia nuevos a la profesión para no tener que pagarles tanto y para que su vida institucional sea más larga, o sea para que el estado recupere su inversión, y contratar menos intérpretes contratistas independientes ya que estos últimos, o sea ustedes, saldrían más caros que los de planta.  Ejemplo: Si un juicio pasa de las 5 de la tarde, el intérprete contratista va a cobrar más caro por el tiempo extra, el intérprete de planta no recibe dinero, le acreditan unas horas en su expediente para que algún día, en que casi no haya trabajo y puedan prescindir de él, se tome el día libre. Eso es todo.

Si a esto le aunamos el hecho que cada día más sistemas judiciales están brindando servicios de interpretación en áreas que antes no cubrían, tales como casos civiles, administrativos, etcétera, y el hecho que cada día hay más intérpretes certificados, por diseño del poder judicial para inundar el mercado de oferta y así tener la opción de contratar al más nuevo y por ello menos costoso,  forzosamente llegamos a la conclusión que eventualmente y no dentro de mucho, la interpretación judicial en la que se han concentrado y encasillado muchos de nuestros colegas va a terminarse para todos los efectos prácticos y relevantes.  No estoy diciendo que esto va a suceder inmediatamente, pero en unos años los juzgados solo van a contratar a unos cuantos y les van a pagar muy poco, ese es el esquema que están siguiendo y esas son las leyes de mercado.

¿Eso es malo? Desde luego que a mi parecer es bueno. Después de todo el gobierno tiene que actuar responsablemente con nuestro dinero. No nos olvidemos que también somos contribuyentes. ¿Es bueno para la profesión? Desde luego que es malo para la interpretación judicial ya que en muchos casos la calidad del servicio profesional se verá seriamente coartada ya que al limitar las opciones de trabajo y el pago por estas, lo primero que se pierde es el servicio profesional al más alto nivel; sin embargo, tal vez sea algo bueno para la profesión ya que esto resultará en que aquellos intérpretes de mayor capacidad buscarán otros campos de trabajo y llegarán a  competir desde abajo en algunos campos como conferencia, medios de comunicación y militar, y también impactarán la calidad y la paga en otros sectores de la interpretación como el médico y el comunitario.  En resumidas cuentas, va a depender del intérprete mismo. Cuánto estará cada individuo dispuesto a prepararse, aceptar el cambio, ajustarse, y triunfar, o por otro lado, y eso pasará irremediablemente con algunos más mediocres, cuánto estará un individuo dispuesto a conformarse, a vivir peor, a tener menos, para poder seguir aceptando trabajo en los juzgados.

Recuerden que al principio dije que esto no abarcaba toda la interpretación jurídica, solo la judicial. Aún quedarán los abogados particulares, las entrevistas en sus despachos, las declaraciones bajo protesta o juramento, la preparación de testigos, las visitas a los reclusorios, las traducciones a la vista, donde la competencia será ardua debido a que los mejores intérpretes judiciales se volcarán sobre esta opción, y también los conformistas del párrafo anterior; Consideren que estos últimos van a deprimir el mercado de honorarios al tratar de cobrar muy por debajo de lo que cobran los intérpretes de primer plano.  ¿Quién ganará la batalla?  Eso se decidirá individualmente, por ello estoy sonando esta alarma desde ahora. Ya es tiempo que nos demos cuenta a dónde parece dirigirse la interpretación judicial y ya es hora de prepararse para otros sectores de la interpretación y para ir seleccionando a los abogados que van a ser los clientes primarios en ese futuro, ahora hay tiempo de desarrollar un vínculo de confianza, para educarlos sobre las ventajas de tener un buen intérprete, sobre la importancia de pagar bien por un servicio bien prestado.

Ya les he compartido lo que observo en el poder judicial, ahora les pido me comenten aquello que ustedes ven.

Los intérpretes judiciales y los diccionarios jurídicos bilingües.

November 24, 2012 § 1 Comment

Queridos colegas,

Durante años he visto como muchos de nuestros colegas en el desempeño de su trabajo consultan diccionarios bilingües que no son jurídicos.  Esto es algo que siempre me ha molestado inmensamente por ser abogado e intérprete.  Nunca he podido entender la lógica de consultar un diccionario bilingüe inglés<>español cuando se desconoce un término o una figura jurídica.  Claro que puede haber contadas ocasiones en que el diccionario bilingüe ordinario resuelva el problema, pero en la inmensa mayoría de los casos no será así. De hecho, el buen intérprete sabe, o al menos debería saber, que para poder interpretar correctamente cualquier tema, en este caso una diligencia judicial o algún otro tipo de acto jurídico, el intérprete necesita primero hacer su tarea: investigar, estudiar y comprender el tema,  desarrollar su glosario, y consultar los diccionarios más adecuados para el trabajo en cuestión.

Hay que saber cómo escoger las herramientas para el servicio a proporcionar. Si se trata de un  juicio penal, el buen intérprete debe rodearse de las leyes y reglamentos aplicables, los textos necesarios para entender la terminología que se va a utilizar, y los diccionarios jurídicos y diccionarios bilingües jurídicos aplicables al caso en particular dependiendo de los sistemas jurídicos en cuestión. No sirve de mucho un diccionario jurídico de España cuando el caso es de derecho argentino.  Igualmente, un diccionario jurídico bilingüe inglés<>español solo puede ayudarnos cuando corresponde a la terminología y sistema jurídico del país en que sucedió el caso o de donde provienen las partes que no hablan inglés.

Yo sostengo que no existe la “interpretación jurídica español<>inglés” como tal. Al menos no la buena interpretación.  Nuestro trabajo es especializado. De igual manera que no quisiéramos que el proctólogo nos saque la muela del juicio, no debemos permitir, ni aceptar, casos en los cuales desconocemos la terminología jurídica del país correspondiente a menos que nos preparemos correctamente para ello. Esta preparación implica el uso y la consulta de los materiales adecuados.

También es importante mencionar que debemos tener una terminología y sistema jurídico que sean nuestra “base.” Aquellos que nos sirvan de punto de partida.  Para ello sugiero un par de cosas: Si ya hemos decidido especializarnos en algún país de habla hispana en particular, digamos el Paraguay, entonces debemos adquirir conocimientos y libros sobre derecho paraguayo.  Por otro lado, si lo que deseamos es tratar de estar en aptitud de prestar nuestros servicios en el sistema y terminología jurídicos más populares en el lugar donde vamos a prestar nuestros servicios primordialmente, entonces hagamos lo mismo respecto a ese sistema y terminología. Por ejemplo México en la mayor parte del país o la República Dominicana en otras áreas de los Estados Unidos.

Yo he optado por el derecho y terminología mexicana (en español) y estadounidense (en inglés) ya que esto también me abre el mercado de abogados y empresas más grande del mundo hispanoparlante. En este sentido, además del texto de las leyes y reglamentos de ambos países y de los tratados y convenciones internacionales obligatorios para ambas naciones,  yo recomiendo obtener antes que nada el diccionario jurídico Black’s para la terminología y sistema jurídicos de los Estados Unidos.   Para el derecho mexicano sugiero el diccionario de la biblioteca jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que es gigantesco, pero afortunadamente podemos consultarlo por internet. Finalmente, yo recomiendo el diccionario jurídico bilingüe de Javier Becerra (2 tomos) publicado por la Escuela Libre de Derecho en la ciudad de México.  Hay otros diccionarios jurídicos y bilingües jurídicos muy buenos, que aún cuando no se concentran en la combinación del derecho estadounidense y el mexicano, me han sido de utilidad al resolver problemas de terminología muy reciente o aquella que requiere de adaptación por no tener figura jurídica homóloga en el otro sistema. En este sentido sugiero la segunda edición del nuevo diccionario de Derecho y Procedimientos Penales de Sandro Tomasi.

Les sugiero a mis colegas que verdaderamente quieran “sonar” como abogados al prestar sus servicios de interpretación a mexicanos o en temas de derecho mexicano y derecho de los Estados Unidos, que se basen en estos diccionarios.  No cometan el error de basarse en diccionarios o aún peor en manuales o glosarios que traten terminología de otros países, o que hayan adoptado definiciones y terminología basado en lo que se dice en la “mayoría” de los países, o en lo que “se dice aquí en los Estados Unidos.”  Aléjense de esa mediocridad.  Es esencial que el buen intérprete conozca sus recursos y sepa dónde encontrar lo que necesita. Nuestra profesión ha madurado, con la globalización se ha especializado, y cada día es más competitiva. Dejemos atrás los días en que veíamos a una intérprete presentarse a una declaración bajo protesta (porque en México no se jura, se protesta declarar la verdad) en un despacho de abogados acompañada de libros y manuales que tratan superficialmente la terminología jurídica. Empecemos a tener vergüenza profesional y a entender qué es lo que necesitamos. Una vez que alcancemos esta meta vamos a mejorar nuestra calidad, nuestro ingreso, y evitaremos las burlas a nuestras espaldas por llegar a trabajar en una declaración bajo protesta de un mexicano, que es materia civil, acompañados de un manual genérico que trata de derecho penal.  Por favor escriban sus opiniones respecto al uso de estos diccionarios.

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